Nota del Editor: Esta pieza es parte de la serie “Exponiendo Poderes de Emergencia Durante #COVID-19” de Just Security, la misma apunta a resaltar y darle voz a las distintas voces legales y civiles alrededor del mundo, exponiendo específicamente las consecuencias legales de las emergencias declaradas y de facto. Contribuciones previas han cubierto Italia, Hungría, Brasil, Polonia, el Reino Unido, Nigeria, y Colombia.. An English version of this piece is available here.
La organización Varieties of democracy (V-Dem) analizó qué países tienen peligro de regresiones democráticas en el marco del COVID19. Sus conclusiones se encuentran en Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk? Las variables que utilizó son:
- Gobernar a través de decretos especiales que otorgan poderes al ejecutivo que no están claramente delimitados.
- Dotar de poderes especiales al ejecutivo que no puedan ser retirados por el congreso o la corte.
- Otorgar medidas especiales a las fuerzas de seguridad por medio de figuras como la suspensión de derechos o los toques de queda.
- Suspender indefinidamente a la legislatura.
- Suspender indefinidamente a la Corte.
- Usar las medidas de emergencia para limitar la libertad de expresión.
- Incluir criterios considerados discriminatorios en las medidas de distanciamiento social.
- Incluir restricciones innecesarias en las campañas electorales o en el ejercicio del derecho al voto cuando sea necesario suspender elecciones.
V-Dem concluye que, de los 129 países analizados, hay 48 que se encuentran en alto riesgo de regresión democrática, 34 que tienen un riesgo medio y 47 que no tienen riesgo. Como se observa en el mapa, México se encuentra en este último grupo.
Fuente: V-Dem (2020). Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk?
Si bien las medidas consideradas por el gobierno de México no ponen en riesgo al régimen democrático, al interior del país hay una fuerte disputa política por lo que algunas de las medidas tomadas en el marco del COVID se han leído en términos de construcción autoritaria. Para mirar lo que ha sucedido en México, es importante considerar tres contextos: el cada vez mayor nivel de conflictividad política, la espiral de la violencia, y la forma en que los políticos mexicanos hacen política. A la luz de el marco conceptual propuesto por el V-Dem, y estos tres contextos, cerraremos el documento con la revisión de las decisiones tomadas hasta ahora por el gobierno mexicano.
1. EL CONTEXTO DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA Y LA OPOSICIÓN IRRESPONSABLE EN MÉXICO
En un régimen democrático se pueden dar tres tipos de oposición: desleal, responsable e irresponsable. Nos interesa la última. La oposición irresponsable tiene como único objetivo arribar al poder político. Para ello, realizará una crítica constante al gobierno, pero sin ningún interés de construir nada, y preferirá entorpecer, golpear y enfrentar antes que realizar cualquier tipo de negociación. En este marco, cualquier tema, cualquier disputa supone el incremento de la conflictividad política. No se trata de una disputa ideológica, sino de un quehacer político. Si bien esta oposición es irresponsable, sigue siendo democrática, busca llegar al poder por medios electorales, pero juega en las fronteras de lo que esperaríamos de la esfera pública.
Las elecciones del 2006 marcan el inicio de la oposición irresponsable en México a partir de tres sucesos: 1) la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (actual presidente) acusándolo de ser un peligro para México; 2) su derrota electoral frente a Felipe Calderón; y 3) el reclamo por un fraude electoral cometido en esas elecciones. A partir de entonces, el grupo político encabezada por AMLO se desarrolló como una oposición irresponsable tanto ante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), como frente al de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A partir del 2018, cuando AMLO ganó las elecciones presidenciales, las cosas no cambiaron en la forma de hacer política, simplemente se invirtieron los papeles. Aquellos que antes eran gobierno, ahora se convirtieron en oposición. En el marco del COVID19, han actuado como una oposición irresponsable. En cambio, los que antes eran oposición irresponsable, hoy entienden lo que es ser un gobierno que tiene enfrente una oposición que sólo quiere criticar y entorpecer. La mala noticia: no parece que ninguno de los actores políticos mexicanos haya entendido la moraleja.
2. EL CONTEXTO DE MILITARIZACIÓN Y LA ESPIRAL DE VIOLENCIA EN MÉXICO
Las elecciones del 2006 trajeron algo más que una oposición irresponsable y el incremento superficial del conflicto político. En diciembre del 2006, el recién llegado presidente Felipe Calderón declaró la guerra en contra del narcotráfico y comenzó a realizar operativos militares en diversas regiones del país. Las consecuencias en estos 14 años de guerra han sido más de 300 mil personas asesinadas, cientos de miles de personas desaparecidas y la práctica generalizada de la tortura. Pese a todo este sufrimiento, amplias regiones de México siguen siendo gobernadas por redes de macrocriminalidad.
La militarización del país ya era un hecho antes del 2006, lo que hemos visto con la guerra contra el narcotráfico es un incremento de este proceso. Por ejemplo, en 2011 -uno de los años más mortíferos en la historia de México- había 52,690 militares desplegados en el territorio. En el 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, eran 54,690 efectivos. Para el 2019, primer año de gobierno de AMLO, hay casi 63 mil militares desplegados en todo el país, a los cuales hay que sumar 30 mil elementos que salieron del ejército o de la marina para integrarse a la Guardia Nacional, una policía militarizada de reciente creación.
Los militares en México no sólo se encargan de la seguridad pública, sino que cada vez realizan una mayor cantidad y diversidad de actividades. Desde hace décadas la respuesta gubernamental a los desastres naturales está en manos del ejército por medio del Plan DNIII. A esto se ha sumado la construcción de proyectos públicos como viviendas, caminos e, incluso, aeropuertos. En el gobierno de AMLO, cuya principal característica es el énfasis en la política social, los militares también se encargan de la custodia de los recursos destinados a los programas sociales.
3. LOS POLÍTICOS MEXICANOS HACIENDO POLÍTICA
La democracia a la mexicana se caracteriza por cinco procesos: el clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad. La clase política mexicana gobierna a partir de ellos. El principal objetivo de la democracia a la mexicana es anular los mecanismos de accountability, anular el Estado de derecho.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se anula al Estado de derecho es la negación y la simulación. Por ejemplo, se niega que la tortura y la desaparición de personas en México sean prácticas generalizadas. Y se simula la existencia de órganos autónomos de investigación y justicia por medio del nombramiento de incondicionales al frente de dichas instituciones. Así, en el papel y en el diseño constitucional, se tienen órganos autónomos de jure, pero se cuenta con órganos totalmente subordinados de facto.
En el primer año de gobierno de AMLO ya se han realizado diversos nombramientos de incondicionales al frente de órganos que debieran ser autónomos, lo que desaparece de hecho dicha autonomía. Sucedió con la Ombusdperson, con ministros y ministras que llegaron a la Suprema Corte, y con el actual Fiscal General. Esto no es parte de la respuesta al COVID19, los nombramientos se hicieron en el 2019, es la forma en que cotidianamente se desarrolla la democracia a la mexicana.
Debo reiterar que toda, toda la clase política mexicana utiliza estos mecanismos (clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad). Por ello, modificar los patrones de la democracia en México se torna mucho más complicado. Supone cambiar a la clase política en su totalidad.
4. LA RESPUESTA MEXICANA AL COVID-19
Todos los elementos contextuales aclaran la dificultad de afirmar o negar si la respuesta al COVID tiene tendencias autoritarias que pueden poner en riesgo a la democracia. Las tendencias autoritarias están, pero son parte de la democracia a la mexicana, de la guerra contra el narcotráfico y de la dinámica política en México.
En cambio, la respuesta gubernamental al COVID19, en sí misma, no integra ninguno de los elementos que pondrían en riesgo a la democracia, como lo observó el V-Dem en su análisis:
- El gobierno federal no decretó un estado de emergencia ni se le otorgaron poderes especiales.
- No se suspendió ni al Congreso, ni a la Corte.
- No se decretó una suspensión de derechos. Por el contrario, todas las medidas relacionadas con el confinamiento son voluntarias, por lo que no hay ninguna violación al derecho a la igualdad y la no discriminación.
Se tomó la decisión de que las medidas fueran voluntarias debido a que 95 de los 130 millones de mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad social, viven al día. Peor aún, el 55% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad o es autoempleada. Era imposible pedirles que no salieran a trabajar.
- No se han cancelado concesiones a los medios de comunicación, ni se han clausurado empresas que se han negado a cerrar sus operaciones en el marco del confinamiento. Tampoco existe alguna noticia de persecución política en el marco del COVID19.
Y, pese a lo anterior, producto de los contextos desarrollados en los puntos anteriores, en México se vive un nivel de conflicto político que genera la sensación de que el gobierno está avanzando en algún plan autoritario; con una espiral de violencia más vigente que nunca (se siguen rompiendo records mensuales de personas asesinadas); en un país que ya estaba militarizado; y en donde si bien los órganos son autónomos de jure, algunos de ellos están dirigidos por personas incondicionales del presidente.
El campo político en el México del COVID19 se ha conformado por dos vectores: salud vs economía, e información vs pánico. La oposición busca mostrar al gobierno como incompetente e irresponsable. Las acusaciones son diarias: no se tomaron en serio la pandemia, al gobierno le interesa más la economía que las vidas, el programa anticrisis es insuficiente, están ocultando las cifras y a los muertos, se puede leer todos los días en prácticamente todos los medios de comunicación.
El gobierno responde con cuatro conferencias de prensa diarias sobre: 7:00 las decisiones presidenciales, 18:00 el otorgamiento de créditos que han sido la principal respuesta a la crisis, 19:00 las decisiones en materia de salud, y 20:00 el desarrollo de los programas sociales.
Este nivel y tipo de conflicto no es nuevo en México ni está relacionado con el COVID19. Se construyó a finales del 2006 y durante el 2007. La diferencia es que la interacción de este tipo entre el gobierno y la oposición irresponsable ahora es algo más que una disputa política en un campo simbólico. En la pandemia, esta relación política supone vidas, carestía y sufrimiento de la gente.